A Días de que Lorenzo Deje el Cargo; INE Perdona Multa al PRI por Caso Odebrecht y Operación Safiro
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró la investigación relacionada por el supuesto financiamiento ilegal de la empresa Odebrecht durante campañas electorales de Enrique Peña Nieto a la Presidencia y de Alfredo del Mazo a la gubernatura del Estado de México, argumentando que la Fiscalía General de la República (FGR) no proporcionó pruebas y no cuentan con información para continuar.
El caso Odebrecht es reconocido internacionalmente porque la empresa brasileña incurrió en corrupción al dar dinero a gobiernos de América Latina cambio de licitaciones. En México, Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector general de la constructora en el país, reconoció desde 2017 que la empresa aportó ilícitamente recursos para procesos electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2009 a 2012.
El financiamiento que Odebrecht habría entregado para la campaña presidencial del 2012 incluso lo agradeció personalmente Emilio Lozoya poco antes de que Peña rindiera protesta, como confirma el sexto tomo de la indigatoria por el caso Odebrecht.
De acuerdo con otras declaraciones ministeriales de empresarios de Odebrecht, el dinero ilícito también se habría usado en procesos electorales deTamaulipas, Veracruz y Michoacán entre 2009 y 2015.
En el caso de la Operación Safiro, consistente en desvíos millonarios del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI en 2016, la investigación de la UTF describe detalladamente la triangulación de recursos del gobierno federal y local a través de empresas fachada.
Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización se impuso por mayoría de votos el criterio de declarar infundada la queja, y así fue presentado el proyecto al Consejo General.
Durante la discusión del proyecto, el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, reiteró su postura en favor de sancionar al partido, al considerar que está suficientemente probado que los recursos desviados del gobierno de César Duarte en Chihuahua llegaron a las campañas del PRI en otros estados.
Pero finalmente votaron a favor del proyecto que “perdona” al PRI siete consejeras y consejeros: Adriana Favela, Dania Ravel, Carla Humphrey, Norma Irene de la Cruz, Lorenzo Córdova, José Roberto Ruiz Saldaña y Uuc-kib Espadas. En contra votaron Claudia Zavala, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Martín Faz.
La Operación Safiro se convirtió en un caso electoral a partir de quejas presentadas por Morena, PAN y PRD en el año 2017, en las que se acusó al PRI de financiamiento ilegal utilizando el método de triangulación de recursos a través de un convenio denominado “Fortalecimiento Financiero”, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal y la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal.
En su investigación, la unidad técnica del INE concluye:
“Una vez recibido el dinero por parte del Gobierno de Chihuahua se realizaron simulaciones de contrataciones con cinco empresas para finalmente transferir el recurso denunciado al Partido Revolucionario Institucional, con el fin de financiar sus campañas electorales en el Proceso Electoral Local Ordinario 2015 -2016 en los estados que no contaban con gobiernos priistas.
“Se destaca que cuatro de las cinco empresas se encuentran dentro del supuesto del 69-B del Código Fiscal de la Federación (empresa fachada): Servicios y Asesorías Samex, SC (55 millones de pesos), Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV (55 millones), Servicios y Asesorías Sisas, SA de CV (46 millones) y Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV (90 millones de pesos)”.
Además, la UTF detectó que 4 millones de pesos fueron canalizados al PRI a través de un contrato celebrado entre la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y la empresa Jet Combustibles SA de CV, de la que es accionista Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que es el político de más alto nivel que cayó preso por la Operación Safiro y que en febrero fue absuelto por un Tribunal de Chihuahua.
Las investigaciones involucran también a otras dos empresas vinculadas con Alejandro Gutiérrez: Crec Desarrollos SA de CV y Norte de Coahuila S de PR de RL, y concluyen:
“Al momento de los hechos, la persona física citada fungía como secretario del CEN del PRI, tenía un vínculo directo con el partido político; esto, en concatenación con las declaraciones a las que tuvo acceso esta autoridad: Alejandro Gutiérrez es mencionado en múltiples ocasiones como creador de la estrategia para llevar a cabo la triangulación de dinero al PRI”.
En el proyecto de la Comisión de Fiscalización se ordena dar vista de estas investigaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria, ambas de la Secretaría de Hacienda, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Originalmente, la UTF proponía declarar fundado el caso de financiamiento ilegal al PRI y, al detectarse un presunto financiamiento ilegal por 250 millones de pesos, la multa que le hubiera correspondido al partido ascendía a 500 millones de pesos.
Lorenzo Córdova Vianello, aún Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, fue quien responsabilizó esta tarde a la Fiscalía General de la República de que el Instituto no pueda avanzar sobre el caso del supuesto financiamiento.
“Derivado de la revisión de las contabilidades del PRI, no se detectaron aportaciones en especie o en dinero específicamente de Emilio Lozoya Austin ni de 51 personas probablemente vinculadas con los hechos denunciados a los procesos electorales federal 2011-2012 y local 2016-2017 del Estado de México”, se lee en el proyecto aprobado por unanimidad.
